La desaparición de siete organismos constitucionales autónomos provocará una mayor concentración de poder económico en unas cuantas empresas, lo que plantea riesgos para la estabilidad económica y la gobernanza del país, además de que afectará los compromisos de México adquiridos en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), advirtieron la Cámara Internacional de Comercio Global (ICC en inglés) y su representación en el país, ICC México.

“La eliminación de estos organismos abriría la puerta a una mayor concentración de poder económico, con riesgos importantes para la economía nacional y la competitividad en el mercado global, generando un efecto negativo sobre la confianza de los inversionistas nacionales e internacionales”, aseguraron ICC Global e ICC México, en un comunicado.

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Como se ha informado, la Cámara de Diputados aprobó en comisiones, el viernes pasado, un dictamen de reforma en materia administrativa, que establece la extinción de siete organismos constitucionales autónomos, que fungen como agentes reguladores de la economía mexicana.

Se trata de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Sistema Nacional de Mejor Continua de la Educación.

Asimismo, el dictamen establece que las facultades y funciones de estos organismos autónomos se transferirán a las secretarías de Estado que correspondan. El proyecto será revisado y, eventualmente aprobado, por la nueva Legislatura del Congreso de la Unión, que empezará el 1 de septiembre.

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ICC Global e ICC México hicieron ver que esos organismos constitucionales autónomos fueron creados para “garantizar la independencia en la toma de decisiones en áreas estratégicas como la competencia económica, la transparencia y la protección de derechos fundamentales”.

De esta manera, el país ha logrado construir una economía que se rige por la competencia entre agentes económicos y la justicia, además de que los organismos han contribuido a fortalecer la democracia.

Sin embargo, al desaparecer los organismos reguladores, la economía mexicana estará a expensas de la agentes económicos poderosos que concentrarán el mercado.

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Consecuentemente, los inversionistas —nacionales y extranjeros— perderán interés por establecerse en México, ante la impresión que no existen reglas de mercado eficientes que permitan la libre competencia entre los agentes económicos.

“Esta situación (la desaparición de los siete organismos) podría derivar en una menor inversión extranjera directa, afectando el crecimiento económico del país y la economía familiar”, advirtieron ICC Global e ICC México.

Asimismo, no queda claro cómo se resignarán las funciones de los siete organismos constitucionales a autónomos, “porque podría complicar la revisión y cumplimiento de compromisos internacionales, como los establecidos en el T-MEC”, refirió el comunicado.

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ICC Global e ICC México advierten que la desaparición de Cofece puede generar un aumento de precios y disminución de la calidad de los bienes y servicios; en tanto que la extinción del IFT reducirá la competencia en el sector de telecomunicaciones y favorecerá los monopolios, además de que se elevarán los precios a los usuarios de la telefonía móvil y otros servicios.

Asimismo, la desaparición de la CRE y de la CNH pueden derivar en mayores ineficiencias y problemas de corrupción en los sectores de electricidad e hidrocarburos, así como en decisiones sobre proyectos de extracción petrolera y de generación de electricidad influenciadas por criterios políticos y no técnicos.

En este sentido, ICC Global e ICC México solicitaron a los legisladores que “reconsideren la eliminación de los organismos constitucionales autónomos, dada la importancia para el país en un momento de oportunidad por el nearshoring, de mantener organismos independientes que garanticen la imparcialidad en áreas críticas como la competencia económica, telecomunicaciones y transparencia, como órganos fundamentales para evitar la concentración de poder y proteger la democracia”.

GC