México y los demás países latinoamericanos enfrentan dificultades para lidiar con la inflación y el encarecimiento de la provisión de energía eléctrica, por lo que se acrecientan los riesgos para que los gobiernos se vean en la necesidad de contener una eventual alza de tarifas a costa de las finanzas de las empresas de energía, varias de ellas públicas.
“Un aumento en los precios de los combustibles ha creado un aumento en los precios de la energía que es políticamente difícil de acomodar para los gobiernos de la región. La inflación en América Latina aumenta el riesgo de que los reguladores busquen aliviar el estrés de los altos precios de la energía sobre los consumidores a expensas de las empresas de servicios públicos”, refiere la agencia Moody’s en su reporte “El riesgo de injerencia gubernamental en el sector eléctrico aumenta en América Latina”.
En este sentido, la estabilidad regulatoria se mantendrá como un factor estratégico, a medida que las empresas de servicios públicos inviertan para desarrollar una infraestructura más adecuada para la energía renovable, especialmente porque las altas tasas de interés elevan sus costos de financiamiento.
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“En Argentina, Colombia y México, las perspectivas de interferencia regulatoria en el sector eléctrico se mantienen firmes”; sin embargo, “el régimen regulatorio de Argentina presenta el mayor riesgo para los tres segmentos de su industria eléctrica, con autoridades regulatorias y gubernamentales que establecen un sistema de precios de energía subsidiada completamente desconectado del costo real de generación”, agrega el documento.
En el caso de México, Moody’s destaca que “el gobierno actual ha mostrado una voluntad considerable de intervenir en asuntos regulatorios”, con lo que se disuade “la inversión privada en el proceso”, lo que como resultado arroja una baja inversión en proyectos de energía renovable.
En 2022, solo 22% de la producción total de electricidad de México correspondió a fuentes renovables, muy por debajo del compromiso del país de generar 35% de energías renovables hacia el año 2024 y también menor a lo que han logrado otros países latinoamericanos.
Moody’s explica que varias de las políticas que ha emprendido la actual administración han tenido el propósito de fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) –empresa productiva del Estado—, en detrimento de la inversión privada, con lo que en los hechos se revierte la reforma energética impulsada en el sexenio pasado.
“Una reversión de las iniciativas de liberalización del mercado que buscan restablecer el dominio de CFE en el sector ha amplificado el dominio de CFE en la generación de energía, así como su dependencia del apoyo financiero del gobierno federal”, comentó el reporte.
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Las empresas privadas han tratado de defenderse de las nuevas disposiciones de energía emprendidas por la actual administración, con lo que promueven diversos recursos legales en el Poder Judicial que, en varios casos, les ha concedido la razón.
No obstante, el gobierno mexicano contesta a estos triunfos a través de los organismos reguladores, como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), con resoluciones de rechazo a las solicitudes de los privados en la concesión de nuevos permisos de operación o la extensión de los ya existentes.
De esta manera se inhibe la inversión privada y se retrasa más la inversión en proyectos de energía renovable.
Si bien CFE ha estado sujeta a presiones financieras, por la inflación y los deseos del gobierno de contener un alza desordenada de los precios de los energéticos, en este año su situación será un poco más manejable debido a la disminución de precios del gas natural, el crecimiento de la demanda y la fortaleza del peso.
No obstante, la empresa no está exenta de riesgos, ya que CFE tuvo que aplicar un límite a los ajustes de las tarifas en el año 2021, que permite aumentos relacionados con la inflación para consumidores residenciales y rurales.
Si bien la CRE ha permitido a CFE recuperar sus costos de los años 2020-2021, esta disposición llega con tiempo de retraso, por lo que el gobierno federal ha tenido que intervenir para estabilizar las finanzas de la empresa, lo cual refuerza la dependencia de la compañía para recuperar sus costos variables.
GC
