La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) investiga la posible existencia de prácticas monopólicas absolutas en los procesos de contrataciones que realizan entidades de gobierno para adquirir productos y servicios de tecnologías de la información y de la comunicación.
La investigación abarca no solo los procesos de compra, sino también de arrendamiento de productos como computadoras de escritorio y portátiles, televisiones, fotocopiadoras, cámaras de cómputo, equipos de almacenamiento y productos relacionados que se hayan adquirido en territorio nacional.
Asimismo, Cofece revisa cómo se efectúan las compras o contrataciones de servicios de transmisión, licenciamiento de programas de cómputo, servidores de internet, servicios de mantenimiento y servicios administrados relacionados con las tecnologías de la información, informó el organismo en un comunicado.
El tipo de prácticas que se pretende confirmar son contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre proveedores competidores entre sí, con el objeto de manipular precios, limitar la oferta, segmentar mercados, concentrar o coordinar las posturas en licitaciones, así como el posible intercambio de información entre los proveedores para incurrir en estas prácticas.
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“Las contrataciones públicas son un tema prioritario, dado que se utilizan recursos de los contribuyentes y deben asignarse de manera efectiva y en un contexto de competencia para que estos maximicen su capacidad de compra en los mejores términos para la función pública”, explicó la Cofece en su comunicado.
Las entidades de gobierno pueden perder hasta 20% de sus recursos económicos cuando realiza compras que están contaminadas de prácticas monopólicas, refirió el organismo, con base en reportes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
La Cofece tiene hasta 120 días para realizar esta indagatoria, contados a partir del 31 de marzo de 2022, cuando comenzó la investigación, tiempo que puede ser ampliado por el mismo lapso hasta cuatro ocasiones.
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En caso de que el organismo encuentre elementos suficientes para comprobar que efectivamente existen prácticas de colusión y acuerdos ilegales entre los proveedores de tecnología de los entes de gobierno, entonces se abrirá un procedimiento a modo de juicio, para que los involucrados expongan sus pruebas y argumentos.
De confirmarse que los agentes económicos incurrieron en prácticas monopólicas, que son violatorias de la Ley Federal de Competencia Económica, pueden ser objeto de multas hasta por 10% de sus ingresos.
Igualmente, otros involucrados que hayan contribuido a la realización de estas prácticas pueden ser objeto de multas y, en particular, las personas físicas que hayan contribuido a las conductas monopólicas pueden ser sancionadas con penas de cárcel hasta de 10 años.
GC
