La Auditoria Superior de la Federación (ASF) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) acordaron intercambiar información y documentación, con el objetivo de prevenir delitos financieros.
En un comunicado, ambas autoridades precisaron que esta medida, de conformidad con las disposiciones legales aplicables, tendrá un impacto significativo en la mejora de la fiscalización del gasto público, en la prevención del desvío de recursos, e inclusive en la intervención oportuna para evitar su posible blanqueo mediante operaciones irregulares.
Lo anterior fue oficializado con la firma de Convenio de Colaboración, signado por el auditor Superior de la Federación, David Rogelio Colmenares Páramo, y por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez Álvarez.
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Este paso se produce luego de que hace unos días se llevó a cabo el encuentro XIX Grupo de trabajo bilateral de banca pública-privada, que fue convocada por la Oficina de Financiamiento del Terrorismo y Delitos Financieros del Tesoro de Estados Unidos y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En éste, participaron instituciones financieras, formuladores de políticas, reguladores y autoridades de supervisión de ambos países con el objetivo de “promover prioridades estratégicas bilaterales en la lucha contra el financiamiento ilícito”.
Según la Secretaría del Tesoro de EU, se discutieron posibles formas para que las autoridades compartan más información operativa con instituciones financieras en ambas jurisdicciones a fin de abordar “amenazas comunes, como la financiación ilícita relacionada con los precursores del fentanilo y la trata de personas”.
Antes, el 8 de febrero, funcionarios de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro codirigieron una mesa redonda sobre finanzas ilícitas con la UIF y la Unidad de Banca, Valores y Ahorro (UBVA), así como con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
En este encuentro se habló sobre delitos financieros transfronterizos, como aquellos que involucran el lavado de las ganancias relacionadas con el tráfico de precursores de fentanilo, la trata de personas, el fraude y la corrupción.
El diálogo también se centró en el papel que desempeñan las organizaciones profesionales de lavado de dinero a la hora de ocultar las ganancias derivadas de estas actividades ilícitas.
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