La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó una reforma que restituye a las empresas Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE) su carácter de “empresas públicas del Estado mexicano” y que las respalda como las empresas más importantes del sector energético, sin que se les pueda considerar como monopolios.
Los integrantes de la Comisión aprobaron el dictamen de esta reforma la noche de ayer, con 21 votos a favor y 18 en contra, en lo general; y 21 votos a favor y 16 en contra, en lo particular.
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Con este dictamen, que será turnado a la nueva legislatura del Congreso de la Unión —cuyo periodo ordinario de sesiones comenzará el 1 de septiembre—, modifica los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política.
Se establece que se derogan los artículos transitorios del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución en materia energética, que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en diciembre de 2013.
El dictamen considera que el concepto de empresas públicas es más apropiado que el concepto actual de empresas productivas del Estado, ya que este implica una visión de negocio, “con participación privada”, que “busca la generación de rentas como si se tratara de un agente económico muy próximo al privado”.
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En cambio, el concepto de empresas públicas implica que Pemex y CFE “tienen una naturaleza definidamente pública, de interés social y que se orientan a la producción y prestación de bienes y servicios públicos”.
El proyecto de reforma también establece que la intervención de Pemex y CFE en la provisión de bienes y servicios en el mercado nacional no puede considerarse como una práctica monopólica.
Tampoco se podrán calificar como monopolios la prestación del servicio de internet y la explotación del litio a cargo del Estado mexicano, refirió la Cámara de Diputados en un comunicado.
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“No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en el área estratégica del servicio de internet que provea el Estado y el litio”.
El proyecto de reforma, que fue aprobado en comisiones y que será sometido a votación en la nueva legislatura, ordena que el sistema eléctrico nacional deberá enfocarse en preservar “la seguridad y la autosuficiencia energética del país”, así como “proveer a la población de electricidad al menor precio posible, evitando el lucro, para garantizar la seguridad nacional y a soberanía a través de la empresa pública del Estado”.
La reforma reconoce que el sector privado podrá participar en la industria eléctrica nacional, pero que las empresas privadas “nunca tendrán prevalencia sobre la empresa pública del Estado”.
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El proyecto también determina que el Estado mexicano se hará responsable de conducir la transición energética del país, para lo cual “establecerá las políticas científicas, tecnológicas e industriales necesarias para la transición energética y otros impactos ambientales”.
GC
