The Competitive Intelligence Unit (The CIU) advirtió que la de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), tal y como está propuesta, generaría afectaciones económicas por más de 76 mil millones de pesos (mmp) anuales.

De acuerdo con la consultora, la cifra representa hasta 12.6% de los ingresos totales del sector.

La magnitud del impacto se debería a que el proyecto no sólo modificaría la arquitectura institucional, normativa y regulatoria sectorial, sino que generaría una merma económica significativa para el ecosistema digital mexicano.

“Lejos de fomentar una industria más sólida, generaría riesgos de mayor concentración, menos competencia, menores inversiones y servicios más caros.

“El costo económico no sólo se medirá en pesos, sino en oportunidades perdidas para un país que debería apostar por la conectividad como motor de desarrollo”, apuntó la firma.

En un análisis, puntualizó que la dimensión de las pérdidas económicas se debe a que la iniciativa marca la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la pérdida de autonomía regulatoria.

Igualmente, significa la eliminación de la regulación asimétrica de la preponderancia, la continuidad del costo elevado por el espectro radioeléctrico, el incumplimiento al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la censura y el bloqueo de plataformas digitales, así como la obligatoriedad del soterramiento de infraestructura.

“De continuar con las modificaciones propuestas, se minaría la competencia y la certidumbre jurídica, se generarían desincentivos a la inversión, se elevarían los costos operativos, y consecuentemente, se encarecerían los servicios para millones de usuarios”, advirtió.

Sobre la desaparición del IFT, que daría paso a una agencia bajo el control del Ejecutivo, The CIU indicó que podría conducir a decisiones con criterios de corto plazo o prioridades no estratégicas. En cambio, el regulador actual garantiza que las decisiones se tomen con base en criterios técnicos, no políticos.

“Su eliminación implica perder eficiencia, neutralidad y certidumbre, lo que reducirá en al menos 0.5% anual la productividad del sector. Traducido en cifras, se generarán pérdidas por 2.8 mmp al año y un efecto dominó que compromete la inversión y la competitividad, entre otros efectos”.

Respecto al relajamiento del régimen de preponderancia impuesto al operador con la mayor participación de mercado (América Móvil), la consultoría recordó que desde 2014, la definición de mecanismos de regulación asimétrica habilitó la entrada y la reducción barreras para nuevos competidores y su potencial desmantelamiento implicaría una pérdida estimada de inversión por 9.7 mmp por año.

Lo más preocupante, dijo, es que se revertiría el avance en la asequibilidad en precios. Esto es de gran relevancia, pues entre junio de 2013 y junio de 2024, los servicios móviles bajaron 49.3 por ciento.

Por otro lado, resaltó que la potencial entrada de América Móvil al mercado de TV de paga también plantea riesgos de integración vertical, subsidios cruzados, prácticas anticompetitivas y potencial dominio sectorial.

De hecho, considera que, de concretarse, la empresa podría absorber cerca de 229 mmp en ingresos adicionales durante la próxima década y, aunque esto no implica una pérdida directa para la economía, sí representa una “reconcentración de mercado en detrimento de otros jugadores y de la competencia misma”.

En torno al espectro radioeléctrico, destacó que el país ya paga uno de los precios más altos por su uso, de hasta 85% más que el promedio de la OCDE.

“De mantener este sobreprecio, a pesar de que se propone un modelo de descuento a cambio de obligaciones de cobertura, se estima un costo anual de 23.1 mmp para los operadores, que terminará reflejándose en el precio final al consumidor y en menor cobertura, especialmente en zonas rurales”, apuntó The CIU.

Adicionalmente, debido a que la reforma podría llevar a un incumplimiento constitucional y a violaciones al T-MEC, se tendrían que pagar elevados costos en procesos judiciales y posibles indemnizaciones.

“Si estas disputas legales resultan contra México, el erario público se verá presionado para pagar multas, compensaciones y pérdidas, así como impactos acumulados en el PIB sectorial (telecomunicaciones), que podrían ascender a un desembolso promedio de 22.9 mmp al año”.

Finalmente, las disposiciones que permiten al Estado bloquear o censurar contenidos o publicidad en plataformas digitales tendría un impacto de 4.5 mmp incidiendo en sectores como el comercio electrónico, las redes sociales y el streaming.

En tanto, la obligación de soterrar infraestructura podría costar hasta 198 mmp si se impone de inmediato.

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