Aunque los gobiernos locales han mejorado con los años la calidad de su información presupuestal, todavía existen áreas de información que no son suficientemente transportes, como es la deuda pública, advirtió el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
En la presentación del estudio Barómetro de Información Presupuestal Estatal 2022, el organismo identificó que “algunas entidades federativas siguen ocultando información sobre deuda pública”, ya que “se desconocen las tasas o plazos de contratación, así como el destino de la deuda”.
Pero además, se advierte que la contratación de deuda no necesariamente tiene una correspondencia con un aumento en la inversión, para obras de infraestructura o programas de largo plazo, aseguró Manuel Guadarrama, coordinador de Gobierno y Finanzas del IMCO.
“Desafortunadamente, tanto en lo presupuestal como el ejercicio del gasto que el IMCO ha documentado, lo que vemos es que no existe esta relación en donde se incrementa el saldo de deuda pública (…) y por otro lado la inversión directa de las entidades federativas”, comentó el experto.
Manuel Guadarrama aseguró que la inversión productiva de los estados tiene “tres años con una caída importante”, lo cual indica que los recursos obtenidos por endeudamiento se utilizan en el gasto corriente de las administraciones estatales.
“La deuda pública, de la que no conocemos completamente su destino, ayuda a solventar gastos del día a día de los estados, como pago de nóminas, gasto corriente, pago de prestación de servicios que no tienen impacto en la inversión”, agregó el experto.
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Lo anterior tiene implicaciones negativas para las administraciones estatales, en la medida en la que se reduce el margen de maniobra para atender necesidades de la población y fomentar el crecimiento económico, mediante el desarrollo de obras como carreteras, infraestructura para el abastecimiento de agua, construcción de hospitales o la atracción de empresas industriales.
El Barómetro de Información Presupuestal Estatal 2022 refiere que, en general, los gobiernos estatales del país tienen un cumplimiento de 93% en la presentación de información presupuestal, en términos de calidad de los datos que se reportan, lo que implica un notable avance desde 2008, cuando el promedio era de 53%.
Las áreas con mejor cumplimiento son las relativas a recursos federales, y el presupuesto de los poderes y de las dependencias de las administraciones estatales.
En cambio, el estudio refiere que “algunas entidades ocultan información presupuestal” sobre la deuda pública, los sueldos, salarios y plazas del personal al servicio del gobierno, así como de los fideicomisos que están bajo administración de los gobiernos estatales.
GC
