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Carlos González

¿DÓNDE ESTÁ MEMO?

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Hace unos días, la agencia calificadora S&P’s revisó la perspectiva de la calificación crediticia de nuestro país de “estable” a “negativa”. Adicionalmente la agencia Moody’s cambió la perspectiva para el sistema financiero mexicano de “estable” a “negativa”. Ambas agencias coinciden en un crecimiento moderado para este y el próximo año, en promedio cercano al 2.5%. Más allá de sus respectivos comunicados, lo cierto es que en los dos casos se prende una señal de alerta en donde dejan ver los riesgos de un deterioro mayor para nuestra economía de no hacer los ajustes pertinentes y dejan atrás, muy atrás, el buen ánimo que había hasta hace menos de 48 meses con el famoso Mexican Moment.

Es de llamar la atención algunos de los argumentos que señalan, en el primer caso, S&P’s reconoce las políticas fiscales y monetarias que se han venido aplicando hasta ahora y que han permitido limitar el déficit público, mantener una inflación bajo control y una deuda externa moderada, así como sortear las difíciles condiciones internacionales como la baja en los precios del petróleo y la volatilidad en el tipo de cambio. Reconoce además, la aprobación de las reformas estructurales, incluso más que otros países emergentes, pero hace notar el limitado beneficio de dichas reformas por la “debilidad en la gobernabilidad, la débil aplicación de la ley y la alta percepción de corrupción”. Lo anterior, claramente se ha reflejado en un crecimiento económico inercial y menores inversiones pese a la aprobación de reformas, lo cual además de limitar la generación de empleos, dificulta la posición del Gobierno para reducir la deuda pública, en medio de incrementos en el déficit fiscal, depreciación de la moneda y la ayuda a empresas como Pemex y CFE.

En el mismo sentido, Moody’s señaló que las presiones fiscales del Gobierno, pueden reducir su capacidad para apoyar a los bancos en tiempos de estrés, al tiempo que la caída en los precios del petróleo, el alza en tasas, la depreciación del peso, y el menor ritmo de crecimiento de nuestro principal socio comercial, afectan el desempeño de nuestra economía y del sector financiero. Además señaló como principal riesgo para los bancos, su elevada exposición al sector petrolero, ya que Pemex (con elevados requerimientos de liquidez), proveedores, Estados y Municipios, dependen de los ingresos petroleros y tienen deuda con los bancos.

Más allá del dato puntual de la deuda pública como proporción del PIB, la cual es incluso mucho más baja que otros países incluso desarrollados, lo preocupante es la trayectoria creciente que ha presentado en los últimos años, desde un 18.1% en 2007 hasta 45% en 2015. De ahí la necesidad que tiene el actual Gobierno para mejorar las finanzas públicas lo más pronto posible, pues existe el riesgo de que se materialice una baja en la calificación en los próximos 24 meses. La fórmula es bien sabida más no fácil de aplicar, implica incrementar los ingresos y disminuir el gasto, pero con el compromiso de la presente administración de no incrementar impuestos, lo único que queda es recortar el gasto público y claro, ser mucho más eficiente en su ejecución.

Hasta ahora, las autoridades han dado muestras de su compromiso por mantener las finanzas públicas sanas. Recientemente anunciaron un ajuste en su estimado de crecimiento a un nivel mucho más conservador para este año (2.3% en el rango medio), anunciaron el seguimiento y publicación de doce indicadores de ingreso, gasto y financiamiento público para transparentar la información relacionada con finanzas públicas, y anunciaron que garantizaron el precio del petróleo a $42dpb mediante las coberturas y el fondo de estabilidad, para el presupuesto del próximo año. Sin embargo, la atención estará puesta en el paquete económico que se presente este mes de septiembre al Congreso de la Unión, en donde se espera un recorte adicional al gasto para el próximo año, así como un superávit del balance primario de 0.2% del PIB, es decir, que los ingresos sean mayores que los gastos, sin considerar el pago de intereses, como medida primordial para eventualmente poder reducir la deuda pública y el costo de la deuda.

La volatilidad observada en nuestra moneda en gran parte obedece justamente a los desequilibrios observados por los participantes en las cuentas públicas. La reciente alza en tasas e incluso aumentos adicionales, así como el “colchón” de las reservas internacionales, no serán suficientes para contener una mayor depreciación, si no se observa un ajuste fiscal relevante que muestre el compromiso de la presente administración a mantener la estabilidad financiera. Por el contrario, un paquete económico austero y eficiente podría generar confianza y con ello un regreso rápido de nuestra moneda, que no descartaría ver a niveles incluso por debajo de $18.0. Veremos si esto sucede en medio de un contexto político complicado, un año previo a las elecciones.

Carlos Alberto González Tabares / Director de Análisis de Monex Casa de Bolsa
[email protected]/ @carlosgtabares; @monexanalisis

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