Trabajadores del Poder Judicial Federal iniciaron un paro indefinido de labores, desde la madrugada de este lunes, en rechazo a la inminente reforma constitucional en esta materia, al considerar que afectará sus derechos laborales y supeditará a los tribunales al control del gobierno federal.
Desde el primer minuto de hoy, los trabajadores cerraron las instalaciones del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y del Palacio de Justicia Federal, ubicadas en la zona de San Lázaro, de la Ciudad de México, a un lado de la Cámara de Diputados.
La suspensión de labores fue organizada por trabajadores operativos de los tribunales federales —sindicalizados y no sindicalizados—, mientras que los jueces y secretarios de acuerdos en papel de jueces decidirán en el transcurso de este lunes, mediante una votación, si también participan en la suspensión de actividades, pero a partir del 21 de agosto.
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Mientras sigue activo el paro de labores, los juzgados federales solo atenderán diligencias urgentes, esto es las que tienen que ver con asuntos de tipo penal.
Los empleados del Poder Judicial reaccionaron de esta manera, después de que el viernes pasado, los diputados del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) presentaron un nuevo proyecto de reforma al Poder Judicial, que hizo unas “100 modificaciones” al proyecto original enviado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Aún con los cambios, la iniciativa de reforma plantea como aspecto central que los jueces, magistrados y ministros del país sean electos mediante voto popular, un nuevo mecanismo que se aplicará para renovar de manera progresiva a todos esos cargos públicos, lo que comenzará a partir de 2025.
Sin embargo, en un desplegado publicado hoy para el conocimiento de toda la población, los trabajadores de los juzgados federales manifestaron su abierto rechazo, al asegurar que la reforma constitucional “pretende someter al Poder Judicial de la Federación”, pese a que es el “único contrapeso entre los Poderes de la Unión”.
También advierten que de aplicarse en sus términos el proyecto, los mexicanos quedarán en la indefensión ante “los abusos y arbitrariedades de las autoridades”.
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Además, la reforma “atenta contra los derechos de la base trabajadora, ya que se pretende eliminar la carrera judicial, como sistema de mérito para acceder a los cargos de juzgadores federales”.
La protesta de los trabajadores estalla en un momento en el que la Cámara de Diputados afina el dictamen de la reforma constitucional en materia judicial, que someterá a votación a nivel de comisiones en el transcurso de esta semana o la siguiente.
Una vez avalado el dictamen, se turnará a la nueva legislatura del Congreso de la Unión, que comenzará su periodo ordinario de sesiones el próximo 1 de septiembre, para su análisis, debate y eventual aprobación.
Después se turnará al Senado y, en caso de ser aprobada, la reforma al Poder Judicial tendrá que ser ratificada por los congresos de los estados, dado que se trata de una reforma constitucional.
El paro de trabajadores del Poder Judicial se ha desplegado en juzgados federales de aproximadamente 16 entidades federativas, como la Ciudad de México, Nuevo León, Estado de México, Zacatecas, Tlaxcala, Puebla, Chiapas, Aguascalientes, Jalisco, Sinaloa, Coahuila, Campeche, Morelos, Baja California Sur, Michoacán y Guerrero, según el mitin de paristas que se instaló afuera del Palacio de Justicia Federal.
Los manifestantes refieren que las sesiones de Parlamento Abierto, que organizó la Cámara de Diputados para recoger opiniones sobre la reforma, fue una simulación porque no se les permitió participar como interesados, además de que los diputados no han tomado las opiniones de los juristas que participaron en las sesiones.
GC
