Una vez que Norma Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aceptó la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de destinar los fideicomisos extintos del Poder Judicial de la federación a la ayuda de los damnificados del huracán Otis en el estado de Guerrero, el gobierno federal estableció el mecanismo para llevar esta iniciativa a la práctica.
Primero, se deberá instalar “una comisión conformada representantes de los tres Poderes de la Unión”, es decir del gobierno federal, del Poder Judicial y de las cámaras legislativas, informó Luisa María Alcalde Luján, secretaria de Gobernación, en una carta enviada a Norma Piña, con fecha de hoy.
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Como segundo punto, la comisión se encargará de crear “un fondo de ayuda” con “los recursos de los fideicomisos que el Poder Judicial reintegre a la Tesorería de la Federación”.
En tercer lugar, la comisión determinará “de forma colegiada el destino” de los recursos y también se encargará de dar “puntual seguimiento a su aplicación”.
Luisa María Alcalde también informó en su carta que recibió instrucciones de López Obrador para “establecer un diálogo” con Norma Piña, en su calidad de cabeza del Poder Judicial federal, y también con las más altas autoridades de las cámaras de Diputados y de Senadores.
Los fideicomisos a los que se refiere la funcionaria federal son los 13 fideicomisos que recientemente declaró cancelados el Poder Legislativo, como parte de la aprobación de la Ley de Ingresos de 2024, cuya desaparición ha causado un desencuentro político e institucional entre los poderes Ejecutivo y Judicial.
En su carta, Luisa María Alcalde dijo que el mecanismo propuesto para destinar los recursos de esos instrumentos al auxilio de los afectados por el huracán Otis “no solo tendrán un impacto positivo en la vida y el futuro de miles de personas damnificadas”, sino que también “fortalecerá el marco de coordinación y diálogo respetuoso entre los Poderes de la Unión”.
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Sin embargo, no queda claro en qué medida será posible utilizar legalmente los 13 fideicomisos, debido a los recursos judiciales que han interpuesto integrantes del Poder Judicial en contra de la extinción de esos instrumentos.
Este martes, el Juzgado 12 de Distrito, con sede en Chihuahua, concedió una suspensión en el sentido de que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) no puede transferir los recursos de los fideicomisos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) ni a la Tesorería de la Federación.
También considera que los fideicomisos deben operar como hasta ahora lo han hecho.
Se trata de una medida cautelar, con carácter provisional, en lo que se resuelve un juicio de amparo que interpuso la magistrada María del Carmen Cordero Martínez.
En los próximos días, el Juzgado 12 tendrá que definir si concede o no la suspensión definitiva.
GC
