La demanda del gobierno mexicano contra un grupo de fabricantes de armas de Estados Unidos por “comercialización negligente” de esos artefactos hacia México tiene antecedentes en otros procesos judiciales del extranjero en los que se consignó la venta ilegal de armas hacia el país.

En febrero de 2019, un juzgado de Stuttgart, Alemania, impuso a la compañía Heckler & Koch una multa de 3.7 millones de euros –unos 4.2 millones de dólares (mdd)— por exportar indebidamente rifles hacia nuestro país. Además dos exempleados fueron sancionados con multas y varios meses de cárcel.

Lo anterior, luego de conocerse que algunas armas manufacturadas por Heckler & Koch se utilizaron en los hechos de la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando fueron secuestrados y desaparecidos 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, ubicada en la localidad de “Ayotzinapa”, de Tixtla, Guerrero.

La fiscalía alemana acreditó que la compañía vendió, entre 2006 y 2009, unos 4,500 rifles de asalto G36, otras armas más pequeñas y municiones a México, mismas que fueron a parar a puntos geográficos del país con altos problemas de violencia.

Por lo anterior, la fiscalía aseguró que la empresa y los empleados condenados violaron las leyes de Alemania relativas a la exportación de armas, ya que estos artefactos no pueden comercializarse a zonas en conflicto, publicaron en su momento la prensa mexicana y extranjera.

En su defensa, los empleados de la compañía rechazaron los cargos y aseguraron que las autoridades mexicanas fueron responsables de que las armas llegaran a las zonas de violencia, como fue el caso de Iguala, Guerrero, donde fueron desaparecidos los 43 estudiantes.

Esta causa no fue promovida por las autoridades mexicanas, pero sí constituye un antecedente sobre el grado de responsabilidad legal que tienen los fabricantes de armas en la comercialización y destino de su producción.

El pasado miércoles 4 de agosto, el gobierno mexicano interpuso una demanda en una corte de Boston, Massachusetts, en Estados Unidos, contra un grupo de empresas fabricantes de armas y sus distribuidores por incurrir en “comercialización negligente”, ya que varios de estos artefactos son adquiridos por la delincuencia organizada de México para cometer crímenes.

El gobierno mexicano estima que más de medio millón de armas se trafican cada año de Estados Unidos a México y que son responsables de 17,000 homicidios anuales, con un costo de entre 1.5% y 2% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

La demanda comenzó a preparase tras la matanza contra integrantes de la comunidad latinoamericana perpetrada por Patrick Crusius, el 3 de agosto de 2019, en El Paso, estado de Texas, donde murieron 23 personas, de las cuales nueve eran mexicanas.

Te puede interesar: México demandó a fabricantes de armas de EU y exige una compensación

El gobierno mexicano también detectó que armas largas usadas por el Cártel de Sinaloa, tras la captura de Ovidio Guzmán, en la ciudad de Culiacán en octubre de ese año, habían sido compradas a Estados Unidos por internet.

Desde entonces, el canciller Marcelo Ebrard Casaubón ha puesto sobre la mesa el tema del tráfico de armas en las conversaciones con el gobierno de Estados Unidos sobre la seguridad y el combate al narcotráfico. (Con información de EFE, Expansión y BBC)

GC