Las primeras elecciones de juzgadores del ámbito federal, que se celebraron el pasado 1 de junio, costaron un total de 7,219 millones de pesos (mdp), que si bien constituye una cantidad menor a la de 8,802 mdp que se gastaron para las elecciones generales de 2024, se advierte que fueron más caras para las finanzas públicas, debido a la baja participación de votantes.
En las elecciones del año pasado, cuando se eligieron presidente de la República, 500 diputados federales y 128 senadores —solamente cargos del ámbito federal—, se registró la afluencia de 60.1 millones de mexicanos que acudieron a las casillas a votar, equivalente a una participación de 59.6%.
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Al confrontarse este nivel de participación con el presupuesto, se advierte la atención de los votantes en las casillas le costó al presupuesto federal 146 pesos por persona, según las estadísticas del Instituto Nacional Electoral (INE).
Pero en el caso de las elecciones del Poder Judicial federal de este año, los comparativos arrojan un panorama muy diferente.
Como se recordará, el pasado 1 de junio, se eligieron 881 funcionarios del Poder Judicial federal, entre ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina, magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), magistrados de tribunales de circuito y jueces de juzgados federales.
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Actualmente, la lista nominal de ciudadanos con capacidad de votar se compone de 99.7 millones de personas; sin embargo, las autoridades electorales han informado que más de 12 millones de personas acudieron a las casillas para elegir a juzgadores, lo que arroja una participación cercana a 13%.
De lo anterior se desprende que las elecciones judiciales tuvieron una abstención de 87%, es decir, que solo una persona de cada 10 decidió salir a votar y el resto no asistió.
En caso de que todos los mexicanos con credencial para votar hubieran salido a las casillas en las elecciones judiciales, el costo por cada participante habría sido de 72.40 pesos.
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Pero debido a los elevados niveles de abstención que se presentaron en las primeras elecciones judiciales, el costo por a participación de cada votante fue mucho más alto, de 601.25 pesos por persona.
El INE ejerció el presupuesto de las elecciones judiciales para la capacitación de personal, notificación y capacitación de los ciudadanos que fungieron como funcionarios de casilla y el material para las casillas, entre otros gastos, de lo que destaca la impresión de las boletas electorales.
Se mandaron imprimir 601 millones 987,276 boletas, pero como solo concurrieron más de 12 millones de ciudadanos, se utilizaron 72 millones 240,000 boletas. Como resultado, la gran mayoría de las boletas no se usaron, esto es un total de 529 millones 747,276 boletas.
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También sobresale que no todas las boletas que se utilizaron por los ciudadanos pudieron servir para el cómputo de los votos otorgados a los candidatos a juzgadores, ya que se identificaron —de manera preliminar— 10 millones 148,527 votos nulos y 11 millones 143,055 votos inviables para contar.
De manera que más de 21 millones de boletas no pudieron asignarse a ninguno de los candidatos, ya que aproximadamente 1 millón de personas deliberadamente anuló su voto —marcas en toda la boleta, anotaciones de mensajes o no elegir a ningún candidato—, además de que 1 millón de personas intentó hacer una selección de los candidatos pero sin lograr hacerlo claramente.
GC
