La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos desestimó la demanda del gobierno de México contra fabricantes y distribuidores de armas, por su presunta responsabilidad en la venta de armas a grupos del crimen organizado, que han ocasionado constantes episodios de violencia en nuestro país.
Esta resolución corresponde a la demanda civil que, en agosto de 2021, interpuso el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), contra 11 empresas fabricantes y distribuidoras de armas, por la venta negligente de armas de alto poder a grupos del crimen organizado.
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Dicha demanda se presentó en su momento ante una corte de Boston, estado de Massachusetts, que posteriormente transitó a tribunales de instancia superior hasta llegar al Máximo Tribunal.
Enterada del criterio de la Suprema Corte, la SRE manifestó su desacuerdo y respondió que no se dará por vencida en sus esfuerzos por poner un freno al trasiego de armas a México.
“La SRE expresa con firmeza su desacuerdo con la decisión emitida por la Suprema Corte de Estados Unidos y continuará haciendo lo que esté a su alcance para frenar el trámite ilícito de armas, agotando todos los recursos legales y diplomáticos disponibles”, dijo la cancillería mexicana, a través de un comunicado.
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La Ley de Protección al Comercio Legal de Armas de Estados Unidos protege a los productores y distribuidores de armas de recibir demandas por el mal uso que hagan los usuarios finales de la mercancía; sin embargo, reconoce que las empresas sí pueden ser demandadas cuando se demuestre que incurren deliberadamente en ventas ilegales de armas.
Sin embargo, después de haber analizado el expediente de la demanda de México, la Suprema Corte de Estados Unidos determinó que no es procedente, debido a que México no demostró de forma creíble, cómo es que las empresas vendieron deliberadamente armas de alto poder al crimen organizado y que, además, estaban conscientes de que las armas fueron objeto de tráfico ilegal.
“La demanda de México no demuestra de forma plausible que los fabricantes acusados ayudaron o fueron cómplices de las ventas ilegales de vendedores de armas de fuego a traficantes mexicanos”, refiere la sentencia de la Suprema Corte.
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Por lo pronto, el gobierno mexicano ha manifestado que no cesará en sus intentos por responsabilizar legalmente a las armerías por su venta negligente, ya que existe una segunda demanda interpuesta en Tucson, Arizona, en 2022, la cual continúa en trámite.
“La decisión de la Suprema Corte, del día de hoy, no afecta el curso de la segunda demanda presentada por México en Tucson, Arizona, en 2022, en contra de cinco tiendas distribuidoras de armas. Dicha demanda sigue avanzando y se encuentra en la etapa de producción de evidencia”, concluyó el comunicado.
GC
