El gobierno federal acusó al Poder Judicial de actuar en contra de la inteligencia financiera, al revertir resoluciones que mantenían bloqueadas cuentas bancarias de personas sujetas a investigación, como es el caso reciente de Inés Gómez Mont Arena y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, quienes enfrentan acusaciones de fraude y lavado de dinero.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y Pablo Gómez Álvarez, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), criticaron que un tribunal federal haya autorizado desbloquear las cuentas bancarias de Gómez Mont —conductora de televisión— y de Álvarez Puga, cuando las investigaciones no han terminado y no se han resuelto de fondo las imputaciones que enfrentan los dos acusados.

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“El Poder Judicial se ha convertido en el elemento más militantemente contrario al desarrollo del sistema de inteligencia financiera de México y eso no es justo. Gómez Mont fue acusada de una serie de fraudes, y su compañero Álvarez Puga, en el sistema de prisiones”, dijo Pablo Gómez.

“Se cometieron una serie de falsas obras, ganaron mucho dinero ahí, en ese lugar, de tal manera que la justicia las empezó a perseguir cuando las cosas cambiaron y entonces se fueron a vivir a Estados Unidos han podido eludir la extradición de Estados Unidos”, agregó el funcionario.

Pablo Gómez informó que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito confirmó la sentencia del 29 de noviembre de 2023, emitida por el 10 Juzgado de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, que otorgó el amparo de la justicia a Inés Gómez Mont y a su esposo, para que se les eliminara de la lista de personas bloqueadas.

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De manera que, el 4 de marzo de 2025, en acatamiento a lo ordenado por el Juzgado de Distrito, la UIF giró instrucciones para que se reanudaran todos los servicios financieros, por lo que el 10 de marzo, el juzgado tuvo por cumplida la sentencia de amparo.

Sin embargo, el funcionario insistió en que la UIF no ha terminado sus investigaciones sobre los presuntos delitos que cometieron los acusados, de manera que la intervención del Poder Judicial para desbloquear sus cuentas bancarias no ayuda.

En la conferencia de prensa de todas las mañanas de Presidencia de la República, Gómez Álvarez explicó que la lista de personas bloqueadas es una medida de legal, que permite a la autoridad hacer investigaciones de presuntos delitos. La UIF pide la cooperación de las instituciones bancarias para bloquear las cuentas de las personas físicas o morales investigadas.

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De diciembre de 2018 a marzo de 2025, la lista de personas bloqueadas incluyó a 5,904 personas físicas y 1,911 personas morales, de las cuales 910 personas físicas y 360 personas morales ya fueron desbloqueadas.

Al presente, un total de 4,994 personas físicas y 1,551 personas morales siguen en la lista de personas bloqueadas. Los recursos que actualmente están “congelados” son 32,500 millones de pesos (mdp), 568.3 millones de dólares (mdd) y 2 millones de euros.

En este sentido, Pablo Gómez informó que el gobierno federal propondrá reformas legales que permitan fortalecer la persecución de las operaciones con recursos de procedencia ilícita.

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“Lo que se ha venido discutiendo en el Congreso de la Unión y también en el gobierno es que nos pongamos a hacer algunas reformas que ya se han demorado mucho, que permitan que el sistema de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y su persecución sea fortalecido”, dijo el funcionario.

En tanto, Claudia Sheinbaum argumentó que por resoluciones judiciales como las que se emitieron a favor de Gómez Mont y su esposo es importante reformar al Poder Judicial; de ahí la relevancia de las próximas elecciones de jueces, magistrados y ministros del próximo 1 de junio.

GC