México tiene un marco legal robusto contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, por lo que el país tiene manera de enfrentar las implicaciones financieras por la declaratoria del gobierno de Estados Unidos a los cárteles mexicanos del narcotráfico como organizaciones del terrorismo internacional.
Así lo consideró Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banco de México (Banxico), al asegurar que el gobierno mexicano dispone de infraestructura y regulaciones para identificar a personas físicas o morales que realicen operaciones financieras sospechosas.
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En conferencia de prensa, para presentar el reporte de la política monetaria al cuarto trimestre de 2024, la funcionaria recordó que México es parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una institución especializada que establece los parámetros sobre prevención del lavado de dinero y el combate al financiamiento al terrorismo.
“Somos parte del GAFI (…) De acuerdo a las evaluaciones, México está cumpliendo con estos estándares”, aseguró Victoria Rodríguez.
La mañana de hoy, el Departamento de Estado de Estados Unidos notificó al Registro Federal el acuerdo por medio del cual se designa a seis cárteles de la droga de México como organizaciones del terrorismo internacional, una disposición que puede implicar el rastreo, congelamiento y bloqueo de activos financieros y no financieros pertenecientes a dichas organizaciones criminales, así como a las personas, empresas o gobiernos que les ayuden.
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En este sentido, Victoria Rodríguez también manifestó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Púbico (SHCP) aplica normas contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, cuyo cumplimiento lo supervisa la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
“Desde hace muchos años, la banca monitorea a personas o empresas sospechosas y, como parte de esos procesos, si la banca llega a detectar a un cliente en el listado de clientes sospechosos, lo reporta a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y se cancela la cuenta”, comentó la funcionaria.
Victoria Rodríguez insistió en que México posee la infraestructura y los mecanismos “que permiten dar seguimiento a personas físicas o morales que tengan actividades ilícitas y funcionarían para atender eventos adicionales”.
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En lo que respeta a la autoridad del Banxico, Victoria Rodríguez descartó de momento que el Banco central deba modificar circulares relacionadas con el sistema de pagos del país.
Sobre el posible impacto que pudiera tener la declaratoria de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas para las transferencias de dinero de la remesas familiares de los “paisanos” radicados en Estados Unidos a México, la funcionaria descartó que esos flujos de dinero pudieran constituir una vía para el lavado de dinero.
“Las operaciones de las remesas pasan varias veces, y en distintas jurisdicciones de México y de Estados Unidos, por distintos controles de identificación de cliente” y de otros factores, refirió Victoria Rodríguez.
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También mencionó que todas las empresas que intervienen en las transferencias de las remesa, como las empresas “remesadoras”, debe cumplir con los procesos de prevención del lavado de dinero.
GC
