A pesar de que México perdió un panel de solución de controversias contra Estados Unidos y Canadá por su política contra el maíz genéticamente modificado o transgénico, el gobierno mexicano envió a la Cámara de Diputados un proyecto de reforma constitucional para prohibir la siembra y el cultivo de este tipo de grano en el territorio nacional.
Lo anterior fundamentalmente para preservar las especies de maíz nativas de México, proteger la “identidad nacional”, garantizar el abasto suficiente de este grano básico en la dieta de la población y promover prácticas de agricultura sustentable.
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En el proyecto se plantea modificar los artículos 4 y 27 constitucionales, y se prevé que el Congreso de la Unión realizará el trámite legislativo para su aprobación en el segundo periodo ordinario de sesiones, que comenzará el 1 de febrero.
Asimismo, la iniciativa forma parte de los 20 proyectos de reformas constitucionales y a leyes secundarias que impulsó desde febrero del año pasado el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y a los que ha dado seguimiento la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para que sean aprobados por las dos cámaras del Poder Legislativo.
En la iniciativa de reforma, el gobierno federal propone modificar el artículo 4 constitucional para quedar de esta manera.
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“Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. El maíz es un elemento de identidad nacional cuyo cultivo debe ser libre de transgénicos, priorizando su manejo agroecológico”.
En tanto que la redacción del artículo 27 constitucional hará referencia al maíz transgénico con estas palabras.
“El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, fomentando la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra libre de cultivos y semillas para siembra de maíz transgénico y con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica. Asimismo, se expedirá la legislación reglamentaria para plantear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público”, refiere el proyecto.
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Como se informó, el 20 de diciembre del año pasado, un panel de solución de controversias consideró violatorio del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) un decreto del gobierno mexicano, publicado 2023, que prohíbe la importación, siembra, cosecha y consumo del maíz genéticamente modificado o transgénico —como le llama el gobierno mexicano— para consumo humano.
Asimismo, el decreto —publicado en el sexenio de López Obrador— dispone de un retiro gradual del maíz transgénico par usos industrial y animal.
Los gobiernos de Estados Unidos y Canadá —a solicitud de sus productores— impugnaron dicho decreto a través del panel, cuya resolución deberá ser atendida por México en el transcurso de 45 días después de haberse dado a conocer el fallo.
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Entre otros argumentos, los gobiernos de Estados Unidos y Canadá refirieron que no existen evidencias científicas que demuestren que el maíz genéticamente modificado represente un daño para la salud humana —como ha insistido el gobierno mexicano—, por lo que la prohibición solo constituye una medida proteccionista para cerrar el mercado mexicano al maíz de sus países.
Sin embargo, en lugar de suspenderse o cancelarse el decreto, el gobierno mexicano refuerza sus puntos de vista con la presentación de este proyecto de reforma.
GC
