Los estímulos fiscales anunciados por el gobierno federal para empresas que deseen reubicarse en México son positivos, pues ayudan a que llegue la inversión a México; sin embargo, hay factores que impiden que se aproveche por completo la oportunidad del nearshoring, de acuerdo con Grupo Financiero BASE.
En un análisis la institución resaltó que entre los principales obstáculos están los problemas de gobernanza, en específico, de seguridad pública, estado de derecho y certidumbre respecto a la política económica.
A ello, se suman las controversias del país con sus socios comerciales (EU, principalmente), la falta de gasto en infraestructura y la incertidumbre sobre la estabilidad de las finanzas públicas durante el último año de la actual administración, debido al mayor costo financiero de la deuda, el creciente déficit presupuestario y el crecimiento del gasto corriente, lo que hará necesaria una reforma fiscal en 2025.
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“Se estima que, si se aprovechara mejor la oportunidad del nearshoring, México podría recibir entre 55 y 60 mil millones de dólares anuales en inversión extranjera directa, en lugar de los 36 mil millones de dólares que recibió en 2022”, apuntó Banco BASE, luego de que el gobierno mexicano emitió un decreto por el que se otorgan estímulos fiscales a sectores clave de la industria exportadora.
De acuerdo con el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), los incentivos serán aplicables para para diez sectores clave de la economía mexicana: componentes electrónicos, semiconductores, baterías, motores, equipo eléctrico/electrónico, fertilizantes, farmacéutica, agroindustria, instrumentos médicos y cinematografía.
El estímulo consiste en la deducción inmediata del 56% al 89% de las nuevas inversiones en activo fijo en 2023 y 2024. Además, se garantiza una deducción adicional equivalente a 25% del incremento en el gasto erogado por concepto de capacitación de trabajadores para los ejercicios fiscales del 2023, 2024 y 2025.
Para poder calificar al estímulo, los ingresos provenientes de las exportaciones de los bienes o servicios de los contribuyentes, deberán representar al menos 50 por ciento de su facturación total en el ejercicio del 2023 y 2024.
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