La empresa canadiense Enerflex solicitó al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) iniciar un arbitraje de inversión en contra México, por un laudo laboral de 2022.
La compañía de infraestructura energética mencionó que requiere de este mecanismo de resolución extrajudicial luego de que, el año pasado, la Junta Especial Número Tres -de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Tabasco- ordenó a sus filiales Exterran Energy Solutions, Exterran Energy de México y Gas Conditioning of Mexico pagar más de 2 mil millones de pesos de indemnización a un exempleado “de nivel medio”.
En un comunicado, la firma precisó que el caso es de un exgerente que tenía un sueldo diario de 3,579 pesos, el cual, en 2015 presentó una demanda contra las filiales.
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La compañía abundó que, tras una decisión de las autoridades mexicanas, en 2017 pagó una indemnización al extrabajador de 1.41 millones de pesos; sin embargo, otra decisión de 2022 dictaminó que se le debe pagar 2 mil millones de pesos.
“Esto es absurdo”, manifestó la empresa canadiense, la cual mencionó que para este fallo, las autoridades mexicanas habrían calculado que el exgerente ganaba un salario diario de 21,735 pesos.
De acuerdo con Enerflex, la determinación representa una “expropiación indirecta”, que desafía el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Lo anterior, porque ha sido objeto de un trato arbitrario.
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Asimismo, denunció que sus representantes se reunieron con funcionarios de la Secretaría de Economía para exponer el caso; sin embargo, no ha tenido respuesta de esta dependencia.
A ello se añade que, en marzo de 2022, interpuso un amparo en contra de la decisión de la Junta Especial, pero hasta ahora no ha habido una resolución por parte del Primer Tribunal Colegiado de Circuito con sede en Villahermosa, Tabasco.
Según la empresa, en caso de que dicho Tribunal Colegiado confirme la decisión de la Junta Especial, “la producción y transmisión de gas natural en México podría verse afectada significativamente”, pues Enerflex correría el riesgo de no poder sostener sus operaciones en el país.
“Además, tendría consecuencias negativas para futuras inversiones extranjeras en México por parte de Enerflex y otras empresas internacionales, ya que el debido proceso y la seguridad jurídica, se verán vulnerados más allá de cualquier norma o explicación razonable”, concluyó.
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