El 10 Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito negó el amparo de la justicia a Grupo Elektra respecto a un adeudo fiscal que le atribuye el Servicio de Administración Tributaria (SAT), una resolución que fue calificada por la empresa como “ilegal” y cargada de “intereses políticos”.
Este jueves, el 10 Tribunal liberó su sentencia que concede la razón a la autoridades fiscales, en el sentido de que Elektra debe Apgar 2,000 millones de pesos (mdp) del Impuesto Sobre la Renta (ISR), que omitió cubrir en el año 2012.
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La resolución tuvo el voto unánime de los tres magistrados que forman el pleno del 10 Tribunal.
Elektra todavía puede apelar esta resolución ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), siempre que demuestre que en la resolución existen contradicciones de tipo constitucional.
Condenamos la resolución ilegal del Tribunal Colegiado que, ignorando el debido proceso y las leyes vigentes cuando se originó el crédito fiscal, falló contra Grupo Elektra. Los magistrados actuaron con sesgo y consigna política, no con razonamiento jurídico, validando así abusos… pic.twitter.com/Xf7NRBChPk
— Grupo Salinas (@gruposalinas) June 20, 2025
“Los magistrados Ana María Ibarra Olguín, Yeremy Patricia Penagos Ruiz y Alfredo Enrique Báez López, además de omitir considerar impedimentos procesales debidamente planteados, confirmaron y exhibieron su alineación con un proyecto político, dejando de lado los derechos de los contribuyentes y abriendo la puerta al uso político de la justicia”, manifestó la compañía a través de un comunicado.
Elektra —cadena de tiendas de muebles y electrodomésticos— acusó que los magistrados omitieron “intencional y dolosamente” las disposiciones de la Ley del ISR de 2012, año en el que se supuestamente se gestó la deuda fiscal.
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La compañía también reclamó fallas al debido proceso, en la medida que los magistrados debieron turnar el caso a otro tribunal, “ante la existencia de impedimentos procesales”.
Pero además, Elektra —empresa de Grupo Salinas— acusó a los magistrados de actuar “con un sesgo político”, en la medida que conceden la razón al SAT y dan legitimidad a “cobros abusivos y arbitrarios”.
En este sentido, la compañía aseguró que defenderá su derecho al llevar su caso ante la SCJN.
“Acudiremos al Máximo Tribunal del país para solicitar su revisión constitucional. Estamos ciertos de que nos asiste la razón ética y jurídica, pese a presiones políticas y actos de consigna judicial”, concluyó el comunicado.
GC
