Dependiendo de la fecha que usted quiera tomar como inicio, a hoy han transcurrido entre 15 y 18 días desde que un grupo de “maestros” pertenecientes a la Coordinadora de Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) bloquearon diversas líneas ferroviarias en el estado de Michoacán. Es importante decir que el Consejo Coordinador Empresarial estima que, por cada día de bloqueo, el impacto económico asciende a poco más de mil millones de pesos. También se sabe que entre los trenes varados hay contenedores con más de 30 millones de litros de gasolina que podrían acabar con el desabasto que aún persiste en Guanajuato y Jalisco. Desde que comenzó esta situación, el Presidente Andrés Manuel y el Gobernador Silvano Aureoles se han enfrascado en una batalla por saber de quién es la responsabilidad de acabar con el problema. Por un lado, el gobernador michoacano argumenta que el resguardo y seguridad de las vías de ferrocarril es responsabilidad de la federación y, por tanto, es el Presidente quien debe liberarlas utilizando los medios que para esto tiene; dígase policía federal, ejército o marina. El gobernador Aureoles tiene toda la razón y por ello, no moverá un dedo ni mucho menos a la policía estatal para desalojar a los presuntos delincuentes. Por otro lado, el Presidente López Obrador no quiere meterse en camisa de once varas pues sabe que no hay forma, lamentablemente, de salir bien librado de aplicar la ley contra quienes la violan. Esto se debe a que, durante años, el Presidente Andrés Manuel y su grupo gritaron “represión, represión” cada vez que se hacía uso de la legítima fuerza pública por parte del estado contra quienes, abusando de su derecho de libertad de expresión, tomaban como rehenes al resto de la sociedad. En su conferencia mañanera, el Presidente López Obrador dijo que “no usará la fuerza para reprimir al pueblo” y conminó a los maestros que están obstruyendo las vías del ferrocarril a desistir pues su demanda había sido solucionada y que, de continuar, sólo obtendrían la desaprobación de una sociedad cansada de esta conducta. Incluso remató diciendo “yo sé de esto” y tal vez se refería a que él, cuando lideró el más grande y costoso bloqueo en la Ciudad de México, sólo vio sus números de aprobación caer estrepitosamente. Pero entonces, se vuelve necesario preguntarle al Presidente Andrés Manuel para qué solicitó más de 26 mil 233 millones de pesos para la Policía Federal, arriba de 29 mil 583 millones para la Secretaría Marina o los 93 mil 670 millones de pesos para el ejército mexicano si no los piensa usar como garantes de la seguridad nacional. Es hora de que el Presidente López Obrador aprenda la diferencia entre represión y aplicación de la ley pues no importa si es robo de combustible, un ataque a las vías federales de comunicación o cualquier otro; si es una conducta que esté tipificada como delito, se le debe aparejar una sanción y para imponerla, se puede utilizar la fuerza pública. Lamentablemente no lo hará y la razón es estrictamente un cálculo político; o es acaso que los promotores de la 4ª Transformación ni siquiera saben para qué sirve la policía.