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Fernando Gómez

ENDEUDAMIENTO DE ESTADOS, DECISIVO PARA TRANSICIÓN EN ELECCIONES

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Los estados con mayor endeudamiento público: Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo fueron justo aquellos donde el partido político en el poder (PRI) perdió, y de manera contundente. Esas tres entidades concentran el 60 % de la deuda por 177 mil 700 millones de pesos, más del 161 % de cuando empezaron sus administraciones hace seis años.

Los electores castigaron así una conducta que reprobaron en las urnas: el gasto excesivo en frivolidades, no en obras ni servicios. La teoría política se transformó y no importó la compra del voto, las obras de relumbrón a última hora, la asistencia social advenediza, la cooptación o complicidad de medios de comunicación que aislaron propaganda del contrario y ensalzaron la campaña negra contra adversarios y sobre todo, la “estructura” o trabajo territorial que tanto tiempo, dinero y esfuerzo requirieron (también a costa del erario y de patrocinadores privados por aquello de los topes en los gastos de campaña).

La gran lección para aquellos que siempre creyeron que las elecciones se ganaban con dinero, es que se dio un cambio de paradigmas. La gente defenestró del poder al PRI en dos entidades donde siempre había gobernado:

  • Veracruz, el tercer bastión de electores para el tricolor (le anteceden el Edomex y la CDMX);
  • y Quintana Roo, aunque de muy poca representatividad en cuanto al número de electores, es la entidad que más ha crecido en cuanto a su cantidad por cuanto los ingresos que genera en la actividad turística.

Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo suman una deuda de 111 mil mdp. El reto ahora es cómo se pagará ese pasivo, pues no alcanzará con las participaciones que el erario federal destina en sus partidas anuales. Chihuahua registra una deuda por 42 mil 762 mdp; Quintana Roo por 22 mil 443 mdp y Veracruz por 45 mil 880 mdp (240 %, 123 % y 113 % respectivamente, más de lo que debían al terminar el sexenio que les precedió).

Quintana Roo es el que por el número de habitantes concentra una mayor deuda per cápita. A cada quintanarroense le tocaría pagar 14,946 pesos. A los de Chihuahua unos 12,023 pesos y a los veracruzanos algo así como 5,655 pesos. Hay estados donde el incremento de su deuda en comparación con el sexenio anterior fue de más del mil por ciento, como Zacatecas que pasó de 760 mdp a 7 mil 609 mdp.

¿Qué castigó el electorado? Sin duda la percepción en cuanto a las frivolidades en que se gastaban el dinero. Pero si los políticos de “alcurnia” siempre han confiado que el pueblo no se entera de esas cosas, vaya, ni de las propuestas de los candidatos por un modelo de comunicación política mal diseñada por el Instituto Nacional Electoral y los partidos políticos, así como el Poder Legislativo ¿Que pasó entonces?

Puede ser que los niveles de inseguridad en esas entidades también hayan fraguado para la derrota del PRI. Ahí está Tamaulipas también, donde el PAN ganó al igual que en Durango. Tamaulipas anda en un endeudamiento por casi 13 mil mdp, 28 % más respecto al sexenio anterior y Durango con 102 % más que la administración anterior con una deuda actual de 7 mil 497 mdp.

Las campañas de lodo, al final sirvieron para algo, reforzaron la percepción de que el dinero estaba siendo mal gastado y lo que quizás la gente no perdona es el abuso, que no el robo. Los abusos quedaron demostrados en excesivas notas pagadas, en evidentes acarreos, en ataques que demostraron la obstinación por el poder. Al final de cuentas los candidatos tampoco eran los idóneos, pero la gente no votó por el mejor, sino por el que prometió terminar con esa serie de abusos y excesos.

Si bien los vencimientos de las deudas contraídas por cada uno de los estados se cumplirán entre los próximos 10 y 20 años, de aquí a ese plazo no alcanzarán las partidas presupuestales ni lo que generen en su producto interno. Eso nos lleva a pensar que quienes ganaron en estos estados señalados se ganaron la “rifa del tigre”, pues estarán muy acotados y con un margen de maniobra estrecho para generar obras a menos que echen mano de proyectos de coinversión con el sector privado. No hay de dónde sacar mayores recursos y por ser antagónicos del partido en la Presidencia pudieran complicarse ciertos trámites o apoyos.

Tasas de interés del 8 % y créditos en dólares, agravado por el tipo de cambio actual dejan un escenario un tanto desolador. Mientras tanto, ¿que pasó con ese dinero por el cual se endeudaron tanto? Para eso se instrumentó la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios. Esta ley pretende regular a los estados y municipios para que no ejerzan gastos fuera del presupuesto otorgado a cada entidad. Los gastos no etiquetados no deben ser mayores a los ingresos y al financiamiento en el estado. Ajá, ¿y quién nos garantiza que no haya un Fobaproa estatal o municipal?

Hace falta no sólo saber estos abusos ya señalados sino tener acceso al destino de esos recursos. Si hubiese sido para hospitales, agua potable, seguridad, alumbrado público, asistencia social, etcétera, seguro no habría problema. Pero ante la evidente falta de pruebas en esas entidades o peor aún donde se destinaron para obras sólo necesarias en la obnubilada mente de algún mandatario, pues entonces asoman los resultados en las elecciones del pasado fin de semana, un ensayo de lo que sucederá en 2018 si es que no aprenden a no confiarse en los triunfalismos y el canto de las sirenas de voceros y asesores anquilosados en la vieja guardia.

Para quienes a diario acudimos a revisar todos los medios de comunicación es factible darnos cuenta de cómo sucedieron las noticias y “estrategias” de voceros oficiosos y oficialistas, así como de colegas periodistas que asumieron un rol ecuánime, equilibrado. En redes sociales los abusos, excesos y denostaciones se reflejaron en las urnas pero de manera contraproducente. Aquí también hay un cambio de paradigmas, lo que antes funcionaba ahora ya no, al menos en el estilo peculiar de difundir campaña negra. Pero eso ya es otro tema que abordaremos en otra ocasión.

El endeudamiento de esos estados donde hubo elecciones está documentado en cuanto a cifras, falta transparentar y tener acceso a la información relativa a cuál fue el destino de esos recursos. Claro está que mucha de esa información no podrá ser accesible porque los recursos fueron canalizados mediante fideicomisos que no están obligados a transparentarse, al menos de fideicomisos del año pasado, pues la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información apenas fue aprobada este año y no aplica de manera retroactiva.

No planteo que sea la economía lo que influyera en el ánimo de la gente a la hora de ir a votar, pues llevamos ya décadas con un impacto negativo y real en nuestras carteras y eso ya habría ocasionado mayores debacles electorales. No, tiene que ver con el uso irracional de recursos, con el abuso en el poder y con el hartazgo, el “mal humor social” ese que dicen es inexistente.

La población está siendo más participativa, no que sea mayor en cuanto a número, sino en reaccionar más allá de lo que algunos esperaban con despensas y dinero o enseres domésticos. Eso prevalece en algunos estados. En el resto del país, como se pudo ver el fin de semana, sucedieron cosas que tienen que ver más allá de la comunicación política, la mercadotecnia, la propaganda convencional y el discurso obsoleto. Es hora de que salgan de su burbuja de confort, es hora de un cambio generacional, al menos en cuanto al manejo efectivo de la comunicación.

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