Por sus elevadas deudas y gastos y el lento crecimiento de su producción, Petróleos Mexicanos (Pemex) constituye una “bomba atómica” para las finanzas públicas del país, porque más que una fuente de riqueza, cada vez absorbe más recursos públicos.
“Pemex es una bomba de tiempo, una bomba atómica de tiempo”, consideró Valeria Moy Campos, directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), a unos días que Moody’s Investors Service degradó la calificación crediticia de la empresa petrolera de B1 a B3.
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En lo que va de la presente administración, el gobierno federal le ha dado apoyos a Pemex por aproximadamente 1.5 billones de pesos (mdp), con el propósito de suplir la falta de capital necesario para pagar su deuda y otros gastos.
Derivado de la política energética del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, enfocada en producir hidrocarburos para el mercado interno y menos para el exterior, así como en concentrar la producción en campos maduros y gastar en la rehabilitación de refinerías para aumentar la producción local de combustibles, Pemex ha obtenido más pérdidas que ganancias.
Actualmente, por cada barril de petróleo que la empresa refina en sus plantas pierde unos 32 dólares, refirió Valeria Moy.
La experta hizo estos comentarios al participar este jueves en la Convención Anual de la Industria Cárnica 2024, del Consejo Mexicano de la Carne (Comecarne).
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Ante empresarios y tecnólogos de alimentos, Valeria Moy comentó que “otra bomba de tiempo” que amenaza las finanzas públicas son los proyectos de reformas constitucionales y a leyes secundarias, que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, las cuales abarcan amplios temas como pensiones por jubilación, salario mínimo, energía eléctrica, minería, gestión del agua, desaparición de organismos constitucionales autónomos y una reestructuración del Poder Judicial, entre otros.
La experta hizo ver que solamente la reforma sobre pensiones y jubilaciones implicará para el gobierno federal financiar las futuras pensiones de los trabajadores de bajos salarios, que se retirarán únicamente con los recursos depositados en las Administradoras de Fondos de Ahorro para el Retiro (Afore).
En la medida en la que esos trabajadores se jubilarán con un ingreso menor al que reciben como trabajadores en activo, el gobierno federal tendrá que crear una bolsa financiera, para de ahí compensar el monto de la pensión en aras de que logre igualar 100% el último salario. (Con información del diario El Universal)
GC
