La reciente reforma aprobada en el Congreso de la Unión, que cambió a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la condición de “empresas productivas del Estado” a “empresas públicas del Estado”, implicará que ambas empresas recibirán más apoyos económicos del gobierno para cumplir con sus metas de producción.

Sin embargo, la misma reforma establece que Pemex y CFE podrán ser empresas preponderantes de su respectivo mercado, sin ser consideradas como monopolio, lo cual indica que su mayor carga de trabajo puede agravar su situación financiera, que actualmente ya enfrenta dificultades, aseguró Moody’s Ratings en su reporte “La nueva denominación demuestra mayor apoyo pero amenaza el desempeño de Pemex y CFE”.

Te puede interesar: Pemex formulará diversos modelos de negocio para impulsar nuevas inversiones

Lo anterior, porque el cambio de denominación de “empresas productivas del estado” a “empresas públicas del estado” implica que las dos compañías ya no seguirán criterios corporativos de una empresa, sino que responderán más a los criterios y objetivos del gobierno federal.

Las empresas tendrán que cumplir con sus compromisos de producción sin importar los costos o las utilidades, como sucedería con cualquier otra empresa.

“El énfasis en garantizar el suministro de energía del país sin considerar los costos o utilidades pueden debilitar el desempeño financiero de las dos empresas”, advirtió Moody’s Ratings.

Te puede interesar: Diputados aprueban reforma con la que Pemex y CFE volverían a ser empresas públicas

En la medida en que Pemex y CFE tendrán sobre sus hombros la responsabilidad de generar la mayor parte de la energía que requerirá el país de ahora en adelante, es probable que se frenará la inversión privada en energías renovables.

El Congreso de la Unión todavía tiene que desarrollar las leyes secundarias que reglamentarán esta reforma y, mientras no se conozcan, los privados tendrán pocos elementos para saber si podrán invertir en energías renovables y bajo qué condiciones.

Moody’s Ratings opina que la reforma tendrá implicaciones limitadas para la calidad crediticia de Pemex y CFE, porque el apoyo gubernamental no cambiará.

Te puede interesar: Reforma constitucional garantizará la preponderancia de Pemex y CFE: Sheinbaum

El apoyo gubernamental a Pemex promedió 9,000 millones de dólares (mdd) anuales entre 2019 y 2023, y hasta donde se sabe, el gobierno continuará con el pago del servicio de la deuda de Pemex en medio de las crecientes necesidades de efectivo y un deterioro fiscal proyectado en 2025-26.

“Sin embargo, es probable que el apoyo gubernamental tenga un costo mayor. Proyectamos que las necesidades de efectivo de Pemex se duplicarán con creces hasta alrededor de 19,000 mdd para 2026 (incluyendo vencimientos y necesidades de efectivo operativo)”, advirtió Moody’s Ratings.

En el caso de CFE, si bien no se prevé la necesidad de apoyo financiero extraordinario para cumplir con sus obligaciones, “esperamos que la CFE continúe recibiendo transferencias directas del gobierno para compensar los subsidios tarifarios, que en 2023 representaron 12% de los ingresos totales de la compañía”, refirió el reporte.

Te puede interesar: Pemex recibe a su nuevo director Víctor Rodríguez

Moody’s también estima que la reforma puede tener como resultado un aumento en los precios finales de la electricidad, ya que se prevé que el despacho dé prioridad a CFE por encima de las empresas privadas, independientemente de que estas puedan ofrecer el suministro a costos más bajos que la compañía paraestatal.

GC