El gobierno de Estados Unidos solicitó al gobierno mexicano revisar la situación laboral en la empresa Servicios Industriales González, SA, de CV (SIG), ubicada en Nuevo León, por su presunta responsabilidad en la denegación de los derechos de libertad sindical y contratación colectiva.
La oficina del Representante Comercial del gobierno de Estados Unidos hizo este lunes la petición formal a las autoridades mexicanas para atender el caso de SIG, al amparo del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida, del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
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Se trata de la queja número 21 que presenta el gobierno norteamericano contra una empresa establecida en México, conforme al capítulo laboral del T-MEC, informó la oficina el Representante Comercial a través de un comunicado.
A partir de este lunes, el gobierno mexicano tiene 10 días para hacer una primera revisión del caso y decidir si lo acepta o no a trámite. En caso de aceptarlo, México tendrá unos 45 días para investigar a fondo la situación y, de ser necesario, acordar con la empresa una solución que contribuya a desahogar las acusaciones en su contra.
SIG —una empresa fabricante de partes de acero— ha sido colocada en el “banquillo de los acusados” por su presunta intromisión en la vida sindical de sus trabajadores, expresar abiertamente su apoyo a un sindicato en particular y por despedir a trabajadores que han manifestado su simpatía por otro sindicato.
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Estos hechos llegaron a los oídos del Departamento del Trabajo de Estados Unidos y de la oficina del Representante Comercial, por medio del Sindicato Nacional de Trabajadores del Ramo de Transporte General, la Construcción y sus Servicios (SNTTYC), organización mexicana del sindicalismo independiente.
Tras conocer los argumentos del SNTTYC, las autoridades norteamericanas consideraron que existe “evidencia suficiente y creíble” sobre una denegación de derechos colectivos de trabajo en las instalaciones de SIG, lo cual amerita “de buena fe la invocación del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida”.
Si las autoridades mexicanas y norteamericanas no consideran que el caso de resuelva satisfactoriamente, SIG se puede hacer acreedora a sanciones como la imposición de aranceles para exportar a Estados Unidos o bien el bloqueo de su comercio en ese país.
GC
